Una extradición es un procedimiento lawful por el cual un país solicita la entrega de una persona acusada o condenada de un delito para ser juzgada o cumplir una sentencia. Se utiliza cuando un delito se ha cometido en un país y el sospechoso o condenado se encuentra en otro país.

La forma en que es percibido el narco desde la mirada well-known, conlleva a que el abogado defensor sea colocado en la misma escala. Defensa penal y complicidad son términos que muchas veces son usados indistintamente por las personas comunes cuando hacen alusión al abogado defensor de un narco.

En caso de que la persona se encuentre en un tercer país, se puede solicitar la extradición a ese país o se puede realizar una transferencia temporal para que la persona sea entregada al país solicitante.

Aun cuando Pérez no le gusta hablar del costo de sus honorarios, es bien sabido que cobra entre 500 y 3000 millones de pesos colombianos por cada proceso que lleva adelante, la diferencia depende de muchas variables como el tiempo que dure el proceso o los delitos que este lleve encima.

En un mundo donde la legalidad y la moralidad a menudo chocan en temas tan controvertidos como la ley de drogas, hay individuos que se dedican a defender a aquellos que han sido acusados de delitos relacionados con sustancias controladas.

Las extradiciones son procesos judiciales en los que se solicita la entrega de una persona que se encuentra en un país extranjero para ser juzgada en su país de origen o en un tercer país.

Variadas son las estrategias de defensa que un abogado de narcos está entrenado para esgrimir. Citemos algunas de ellas para ilustrar el trabajo de estos profesionales del derecho:

c) De verdaderas pruebas, tratándose de diligencias objetivas y de resultado incontestable, como la aprehensión insitu de los delincuentes, la ocupación y recuperación de los efectos e instrumentos del delito, armas, drogas o sustancias estupefacientes, efectos estancados o prohibidos, entrada y registro en lugar cerrado y lo que se hallara durante el transcurso de los mismos, siempre que mediara mandamiento judicial o asentimiento del morador o del que tiene el derecho a excluir, o de otros supuestos semejantes.

Se ha reforzado el respeto de los derechos constitucionales, imponiendo a los funcionarios policiales un especial deber de  protegerlos, tanto en el momento de practicar la detención como en el momento de trasladar al detenido. Si bien, obviamente, la protección de dichos derechos no podrá impedir a los medios de comunicación efectuar su trabajo.

- Tanto Colombia como México figuran entre los Estados que consienten en extraditar a sus nacionales. Sin embargo, y pese a coincidir en ese particular, entre ellos la nacionalidad del sujeto se contempla específicamente como una causa para denegar la extradición. Dentro de la nacionalidad more info incluyen la naturalización, con la excepción que el individuo haya sido naturalizado con posterioridad a la comisión del delito.- El estado requirente puede entregar a su vez a la persona extraditada a un tercer país, pero se prohíbe que sea entregada para ser juzgada por tribunales de excepción.- Se prohíbe expresamente la imposición de la pena de muerte por parte de ninguno de los dos signatarios cuando estuviesen en la posición del requerido, dado que en ambos esta abolida, sin embargo nada se dice en cuanto a la cadena perpetua, cuando también esta ha sido eliminada en ambos países.

En este artículo, exploraremos en detalle las leyes que regulan y sancionan el tráfico de estupefacientes en Colombia, proporcionando una visión completa de este delito y sus implicaciones legales.

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El vídeo ya había sido presentado anterior mente pero no se lograba apreciar bien ya que tenia marcas de agua que more info lo cubría todo, esta ves se mira bien.

- La no reincidencia y la conducta social positiva: Si el acusado enfrenta cargos de este tipo por primera vez, sin que además se observen en su vida cotidiana conductas reprensibles socialmente, esta es una estrategia defensiva adecuada. Consiste en ilustrar ante el tribunal que la conducta infractora no constituye un modo de vida para el imputado, sino que incurrió en ella de forma aislada, circunstancial, tal vez impelido por situaciones difíciles que atravesaba. - Apelar a las ventajas que pudiera ofrecer la legislación vigente en cuanto a drogas, según el ordenamiento de que se trate. Por ejemplo, la permisibilidad del uso de determinadas sustancias, y en cantidades definidas, para consumo particular, o la imposición de sanciones no tan severas por el mercadeo de sustancias de escasa peligrosidad.